Es importante señalar cómo es que la Agenda 2030 y los Derechos Humanos se han ido amalgamando. En primer lugar cabe decir que dicha Agenda se ha construido a partir de diversos Tratados Internacionales como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y otras Convenciones Especiales como la CEDAW, para la igualdad de género, la Convención para la Protección a Migrantes, o las convenciones especiales sobre temas de Medio Ambiente. 

De igual manera los Principios de París, son una serie de principios propuestos por la Organización de Naciones Unidas para asegurar su independencia e imparcialidad, las Instituciones Nacionales deben asegurar que en su composición estén “representadas la pluralidad de las fuerzas sociales activamente comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos”. Además de ello establece estándares de acciones mínimas que deben desarrollar, entre ellas la realización de actividades de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos plenamente. 

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El tercer elemento que es importante para comprender más la relevancia y necesidad de que se vinculen los organismos de derechos humanos a la vigilancia de la Agenda 2030 es la Declaración de Mérida, hecha en 2015 durante la Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (el CIC), organizada en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y el CIC. 

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En los siguientes links podrá encontrar otros documentos relevantes sobre este tema;

- Revista Derechos Fundamentales a Debate, CEDH, 2019. Número especial sobre la Agenda 2030 y los Organismos de Derechos Humanos. 

- Libro: La Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo, 2020. Colección de Estudios en Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.